Uno de los objetivos principales del período 2014-2020 es reforzar la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de normas jurídicas, éticas y morales,
y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con él como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
Es por ello, por lo que se ha realizado un análisis de los riesgos de fraude planteados por la Comisión y la evaluación de su probabilidad e impacto, además de analizar y describir los controles existentes en el Ayuntamiento, y se han propuesto
nuevos controles tendentes a evitar dichos riesgos.